El Consejo de la Judicatura (CJ) garantizó el acceso a los servicios de justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, durante las movilizaciones sociales registradas en Ecuador, entre el 3 y el 13 de octubre de 2019. 

Así lo señaló la Presidenta del CJ, doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, durante su participación ante la Comisión Especial Ocasional Multipartidista de la Asamblea Nacional que investiga los hechos relacionados con las protestas sociales de octubre.

Acompañada de los vocales Maribel Barreno, Fausto Murillo, Juan José Morillo y Jorge Moreno, así como del director general de la institución, Pedro Crespo, la Presidenta del CJ explicó que durante las movilizaciones se mantuvieron operativas las dependencias judiciales destinadas al conocimiento de infracciones flagrantes durante las 24 horas del día.

De igual modo, dijo que se salvaguardó la integridad de los usuarios, los operadores de justicia y funcionarios administrativos, además de proteger los bienes y recursos de la Función Judicial.

También señaló que se dieron todas las facilidades para que, a través de acciones y medidas inmediatas, se realicen las diligencias respectivas.

En esta línea, el Director General del CJ explicó que la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes, con sede en la parroquia Mariscal Sucre de Quito, atendió 99 audiencias de calificación de flagrancia y emitió 13 actos urgentes.

Indicó que a escala nacional, en audiencias de flagrancia en las materias Penal, Violencia de Género y Adolescentes Infractores, se realizaron 1966 diligencias de este tipo. También informó que se sustanciaron 16 Hábeas Corpus en todo el país y que fueron procesados 19 adolescentes infractores en las ciudades de Quito, Ibarra y Cuenca.

Finalmente, explicó que las dependencias judiciales de Nueva Loja (Sucumbíos); Pujilí (Cotopaxi); San Lorenzo (Esmeraldas); Guaranda (Bolívar); y, Quito (Pichincha) sufrieron daños en su infraestructura y que se presentaron las denuncias respectivas.

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